Por Juan Pablo Ojeda
La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que no existe, hasta ahora, ninguna investigación federal abierta contra Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa. Esta confirmación desmiente varias versiones mediáticas que aseguraban lo contrario y pone sobre la mesa la complejidad del caso, que combina acusaciones locales, asilo político y tensiones diplomáticas.
Macías Tubilla se encuentra asilada en el Reino Unido desde 2019, luego de ser localizada en Londres tras emitirse una orden de aprehensión por un juez del Distrito Judicial de Xalapa. La acusación que pesa sobre ella no es federal, sino local, derivada de un presunto desvío de 122 millones de pesos durante su gestión al frente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz, dinero que supuestamente fue canalizado a empresas fantasma.
En ese contexto, se inició un proceso de extradición a México, pero este no prosperó debido a que las autoridades británicas le concedieron asilo político, alegando motivos de seguridad personal y posibles riesgos en su país de origen. Esta decisión ha generado una tensión diplomática entre México y el Reino Unido, pues la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que Macías Tubilla debería enfrentar la justicia mexicana por presunta corrupción y desvío de recursos públicos.
La FGR, por su parte, señaló que no tiene carpetas de investigación abiertas a nivel federal. Esto significa que, aunque la orden de aprehensión local sigue vigente y motivó la solicitud de extradición, no hay procesos federales en curso que involucren a Macías. La falta de acción federal no implica un respaldo o impunidad, sino que refleja la división entre competencias locales y federales en el sistema judicial mexicano. La Fiscalía actúa únicamente en casos federales, mientras que los estados conservan autonomía para perseguir delitos cometidos dentro de su jurisdicción.
El caso de Macías Tubilla también evidencia cómo el sistema legal mexicano se cruza con la política internacional. El asilo otorgado por el Reino Unido detiene la extradición y, al mismo tiempo, pone presión sobre las autoridades mexicanas para mantener negociaciones diplomáticas que permitan un posible regreso de la acusada en el futuro. Analistas políticos señalan que este tipo de situaciones son un recordatorio de que los casos de corrupción de alto perfil en México no solo se juzgan en tribunales, sino que involucran la imagen del país ante la comunidad internacional.
Además del aspecto legal, el caso tiene un componente político relevante. Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, cumple actualmente una condena por corrupción y otros delitos. El seguimiento a su exesposa mantiene la atención pública sobre la administración pasada y sobre cómo se manejan las responsabilidades de los funcionarios y sus allegados en México. La decisión británica de otorgar asilo a Karime Macías, mientras se mantiene la orden de arresto local, genera debates sobre la eficacia del sistema judicial mexicano y la percepción de impunidad en casos de alto perfil.
Por ahora, el caso permanece en pausa a nivel internacional, mientras que en Veracruz la causa judicial sigue vigente. Las autoridades mexicanas podrían retomar los procedimientos si en el futuro cambia la situación del asilo o si se generan acuerdos diplomáticos que permitan la extradición. Entre tanto, los medios y la opinión pública siguen atentos a cada movimiento de la exfuncionaria, convirtiendo el caso en un símbolo de las tensiones entre justicia, política y relaciones exteriores.
